La Asamblea Nacional aprobó un nuevo proyecto de Ley Orgánica de Aviación Civil que actualiza un marco vigente desde hace dos décadas. La propuesta incorpora una política de cielos abiertos, nuevas reglas para drones y medidas de protección a pasajeros, y ahora debe continuar su trámite ante el Ejecutivo.

Ecuador avanza hacia una de las mayores actualizaciones de su regulación aeronáutica de las últimas décadas.

La Asamblea Nacional aprobó con 88 votos afirmativos el proyecto de Ley Orgánica de Aviación Civil, una normativa compuesta por 215 artículos que busca reemplazar un marco que no había tenido una actualización integral en aproximadamente 20 años. El texto fue remitido al Presidente de la República para continuar con el procedimiento constitucional correspondiente, por lo que todavía no corresponde hablar de una ley plenamente vigente.

La propuesta incorpora cambios en seguridad operacional, derechos de los usuarios, infraestructura aeroportuaria, servicios aéreos comerciales, permisos de operación y aeronaves no tripuladas.

Pero uno de los elementos con mayor impacto potencial sobre el mercado es la incorporación de una política de cielos abiertos.

Qué significa la política de cielos abiertos

La Asamblea plantea que la nueva regulación genere condiciones para ampliar la competencia y facilitar el ingreso de nuevos operadores al mercado ecuatoriano. También busca favorecer nuevas rutas y frecuencias y aumentar el uso de infraestructura aeroportuaria que actualmente dispone de capacidad para recibir más operaciones. En aviación, una política de cielos abiertos busca reducir determinadas restricciones para la operación de servicios internacionales entre países.

Eso no significa que cualquier compañía pueda comenzar automáticamente a operar cualquier ruta. Los derechos de tráfico siguen dependiendo de los acuerdos internacionales, autorizaciones y condiciones regulatorias correspondientes.

Sin embargo, un marco más abierto puede facilitar negociaciones y entregar mayor flexibilidad para que las aerolíneas incorporen nuevas conexiones cuando identifican demanda.

Para Ecuador, el desafío tiene una dimensión adicional: Quito y Guayaquil concentran una parte importante del tráfico, mientras distintos aeropuertos regionales buscan aumentar su utilización y recuperar o atraer servicios regulares.

Drones entran formalmente en la nueva regulación

La propuesta también incorpora la regulación y el registro obligatorio de aeronaves no tripuladas. El crecimiento de drones para fotografía, inspección industrial, agricultura, seguridad y otras actividades ha obligado a las autoridades aeronáuticas del mundo a actualizar regulaciones originalmente diseñadas casi exclusivamente para aeronaves tripuladas.

El proyecto ecuatoriano entrega a la Dirección General de Aviación Civil funciones de planificación, regulación, control y supervisión sobre estas operaciones. También establece normas sobre personal aeronáutico, seguros, permisos de operación y servicios aéreos comerciales.

Nuevas reglas para los pasajeros

Otro eje está relacionado con los derechos de quienes utilizan el transporte aéreo.

El proyecto incorpora disposiciones para situaciones de suspensión o interrupción de viajes y mecanismos de reembolso. También contempla un descuento del 50% para adultos mayores y personas con discapacidad.

La regulación establece además un régimen de infracciones dividido entre conductas leves, graves y muy graves, con sanciones que pueden incluir multas y, en determinados casos, la suspensión de permisos, certificados o licencias.

Ecuador se suma a una discusión que recorre Sudamérica

El proceso ecuatoriano coincide con una etapa de mayor apertura y revisión de las políticas aerocomerciales en distintos países de Sudamérica.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Bolivia y Uruguay, por ejemplo, comenzaron este año a avanzar en el Acuerdo de Liberalización Aérea Sudamericana, ALAS, cuyo objetivo de largo plazo es profundizar la integración del mercado aéreo regional.

Ecuador desarrolla su propio proceso normativo y no forma parte actualmente de ese esquema, pero ambos movimientos reflejan una discusión similar: cómo generar condiciones que permitan utilizar mejor la infraestructura existente, atraer nuevas operaciones y aumentar la conectividad.

En el caso ecuatoriano, el próximo paso estará en el Ejecutivo. La propia Asamblea señala que el proyecto aprobado debe ser remitido al Presidente para su sanción u objeción conforme al procedimiento constitucional.

Por eso, la apertura hacia cielos abiertos está encaminada, pero todavía tendrá que completar su proceso legislativo antes de convertirse en el nuevo marco definitivo de la aviación civil ecuatoriana.