La próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), que se celebrará en noviembre de 2025 en Belém, Brasil, ha generado un importante movimiento de articulación entre gobiernos, sociedad civil y organismos internacionales. En una carta abierta dirigida a la presidencia de la COP30, 78 organizaciones de América Latina y el Caribe exigen compromisos climáticos más ambiciosos por parte de los países desarrollados, alineados con el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 °C. Este llamado se alinea con la propuesta brasileña de un “mutirão global” —una gran movilización colectiva— para enfrentar la crisis climática.

La presidencia brasileña ha presentado una agenda de acción estructurada en seis ejes: transición energética, protección de ecosistemas, transformación de los sistemas alimentarios, resiliencia urbana, desarrollo humano y social, y fortalecimiento de capacidades. Estos pilares buscan traducir los compromisos del Acuerdo de París en acciones climáticas concretas, promoviendo la cooperación entre gobiernos, el sector privado, pueblos indígenas y comunidades locales. A la vez, la sociedad civil latinoamericana subraya la urgencia de establecer mecanismos de financiamiento climático justos, que no generen endeudamiento adicional y que garanticen acceso directo a los recursos por parte de las poblaciones más vulnerables.

Desde la Amazonía brasileña, la COP30 promete ser una cumbre decisiva para el futuro climático del planeta. Las organizaciones sociales proponen triplicar los niveles de financiamiento climático respecto a 2019, alcanzar 1,3 billones de dólares anuales hasta 2035, e incluir indicadores sólidos para medir la adaptación y la resiliencia. Tanto el gobierno anfitrión como la sociedad civil regional coinciden en que esta COP debe marcar el punto de inflexión hacia una transición justa, inclusiva y sostenible, fortaleciendo la acción climática desde el sur global y asegurando una gobernanza participativa, transparente y efectiva.